En los últimos tiempos ha proliferado un fenómeno preocupante: algunas empresas de formación se escudan en la supuesta obligatoriedad legal de ciertos cursos para presionar y, a veces, engañar a las PYMEs. Bajo amenazas de multas inminentes o de perder la bonificación disponible a través de programas oficiales, estos proveedores se aprovechan del desconocimiento de los empresarios para vender formaciones que, en muchos casos, ni siquiera responden a necesidades reales o no son exigidas por ley.
El problema se agrava cuando estas tácticas incluyen llamadas telefónicas donde, sin ofrecer la información necesaria por escrito y con un discurso de urgencia, se induce a la contratación de cursos sin un consentimiento plenamente consciente. Se trata de una práctica que roza el fraude y que, sin lugar a dudas, resulta muy poco ética. Esta situación genera desconfianza en el mercado y afecta a las numerosas empresas de formación que sí trabajan con profesionalidad, transparencia y rigor para ofrecer un servicio realmente útil.
La confusión de quienes reciben este tipo de propuestas nace, en parte, de la desinformación sobre las verdaderas obligaciones en materia de formación. Muchas PYMEs, por miedo a posibles sanciones o a perder la ayuda económica disponible, terminan firmando contratos sin haber comparado ofertas o verificado la legalidad de esos supuestos requerimientos.
Una empresa de menos de 50 trabajadores, independientemente del sector de actividad, ha de disponer del correspondiente plan de prevención de riesgos laborales, así como de un protocolo de prevención de la violencia sexual y otro protocolo de desconexión digital. Según la actividad, puede necesitar también un protocolo de protección de datos, o de prevención del blanqueo de capitales, o cursos específicos como los de manipulación de alimentos, alergias o prevención de legionella.
En los protocolos mencionados, se indica normalmente algunas medidas de formación, pero para empresas de menos de 50 trabajadores no hay unos cursos obligatorios sin cuya realización la empresa pueda ser sancionada administrativamente.
Así que, si una empresa de formación te llama para avisarte de que o haces con ellos urgentísimamente un curso de nosequé, que te va a salir gratis, o te arriesgas a un multazo, mejor llama primero a tu asesoría o a tu empresa de formación de confianza y te ahorraras tiempo, dinero y problemas.
Pablo Aretxabala Pellón
Abogado y Consultor / EUSKOASESORES
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