No todo el mundo puede —ni debería— llegar a los 67 años subido a un andamio o expuesto a productos químicos. Y no es cuestión de ganas, sino de salud. Por eso, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto 402/2025, publicado en el BOE al pasado 28 de mayo, que cambia las reglas del juego para quienes desempeñan trabajos especialmente duros, peligrosos o insalubres.
La idea es clara: si tu empleo pone en jaque tu bienestar físico o mental a lo largo de los años, lo justo es que puedas acceder antes a la jubilación. Hasta ahora esto estaba reservado para sectores muy concretos, como la minería o el personal de vuelo. Pero con esta nueva norma se abre la puerta a que otros colectivos también puedan beneficiarse, siempre que se justifique que el trabajo que realizan entraña riesgos significativos.
Imaginemos, por ejemplo, a quienes se dedican a la limpieza industrial en entornos con sustancias tóxicas, o a quienes recogen residuos peligrosos día tras día. No tienen la visibilidad mediática de otros sectores, pero enfrentan condiciones durísimas. Este decreto da la opción de que, si organizaciones empresariales y sindicatos lo solicitan conjuntamente, se estudie caso por caso la posibilidad de adelantar la edad de jubilación mediante coeficientes reductores.
Eso sí, no será algo automático. Habrá que presentar informes, recoger datos de siniestralidad y demostrar que el trabajo realmente implica un riesgo constante. Y hay una línea roja: nadie podrá jubilarse antes de los 52 años, por muy insalubre que sea su ocupación. Tampoco se permitirá que una persona acceda a esta jubilación anticipada y luego siga en el mismo puesto que justifica ese derecho.
La novedad más interesante quizá no esté en lo visible, sino en lo técnico: por primera vez se incorporan indicadores objetivos, como la mortalidad y la morbilidad asociadas a ciertas profesiones, para decidir quién puede acogerse a esta medida. Se acabó el “esto parece duro” o “esto suena peligroso”. Ahora se medirá con datos. Además, cada diez años se revisará el listado de actividades que cumplen con los requisitos, porque las condiciones laborales cambian, para bien o para mal.
Otra cuestión importante es el coste. Esta medida no es gratuita: supondrá un aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social, que deberán asumir tanto las empresas como las personas trabajadoras. Porque adelantar la jubilación tiene un impacto, y el sistema debe seguir siendo sostenible para todas.
Este Real Decreto no soluciona todos los problemas, pero sí reconoce algo fundamental: no todos los trabajos envejecen igual. Y hay oficios que, por su dureza, merecen una salida más temprana y digna del mercado laboral.
Pablo Aretxabala Pellón
Abogado y Consultor / EUSKOASESORES
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