Hace no mucho publiqué un artículo titulado “¿Puede el Derecho cambiar el rumbo de la crisis climática?”, donde exponía cómo la ley puede, en manos de la ciudadanía, ser una herramienta poderosísima para frenar el desastre ambiental que vivimos. Sin embargo, los acontecimientos recientes han evidenciado la otra cara de la moneda: el uso pervertido del Derecho por parte de ciertas grandes empresas, verdaderas responsables de la crisis climática, para silenciar y asfixiar económicamente a las organizaciones ecologistas que alzan la voz.
La denuncia de Greenpeace sobre las tácticas intimidatorias y denuncias “mordaza” (“SLAPP”, en sus siglas en inglés) que están poniendo en jaque a la libertad de expresión no es un caso aislado, sino un patrón de conducta cínico y cobarde. ¿En qué momento hemos llegado a tal nivel de bajeza que, en lugar de poner fin a los abusos medioambientales, a los envenenamientos de ríos y al colapso del clima, se usa la maquinaria legal para frenar a quienes gritamos la verdad?
Hablar de crisis climática no es un capricho ni una tendencia pasajera: es una realidad científica abrumadora. Pero a los grandes contaminadores, esos que se frotan las manos mientras cuentan sus beneficios manchados de petróleo y destrucción ambiental, les viene de perlas que la sociedad se quede callada. Así, en lugar de tomar responsabilidad por el daño que ocasionan, se aprovechan de su poder económico para embarullar, para distorsionar y, si pueden, para aplastar con litigios interminables y caros a quienes les plantamos cara.
Como activista y socio de Greenpeace, no puedo quedarme en un discurso tibio. Estoy harto de la hipocresía de quienes, por un lado, publican informes llenos de “buenas intenciones” medioambientales y, por el otro, financian ejércitos de abogados dispuestos a demandar a cualquiera que se atreva a exponer sus mentiras. Esta estrategia no es más que un nuevo intento de manipular la opinión pública y de condicionar la agenda política, al tiempo que pisotean derechos fundamentales como la libertad de expresión.
Si algo ha demostrado la denuncia contra Greenpeace es que el Derecho también puede ser mal usado para callar bocas. Y ahí está el quid de la cuestión: no permitirlo. Nos toca defendernos con la ley en la mano y la fuerza de la gente organizada, porque estos ataques no son simples riñas judiciales; son una amenaza directa a la posibilidad de seguir desenmascarando la complicidad entre algunas multinacionales y gobiernos tibios que se pliegan a sus intereses.
En ese sentido, la labor de Greenpeace (y de otros colectivos) es fundamental: señalan sin tapujos los abusos y proponen vías reales para proteger el planeta. Pero ahora debemos ir más allá. No basta con gritar, también necesitamos llevar nuestras demandas a los tribunales y a las calles, con la convicción de que la razón y la justicia climática están de nuestro lado. A pesar de lo que pretenden las grandes corporaciones fósiles, saben que una ciudadanía comprometida es su peor pesadilla. Por eso nos quieren silenciar: porque el activismo informado es el mayor revulsivo contra la impunidad.
Estos litigios “mordaza” son un síntoma de que están nerviosos, de que les aterra la creciente concienciación social. Saben que tarde o temprano se les acabará el chollo, y están dispuestos a cualquier artimaña legal para retrasar el cambio. Sin embargo, cada vez más personas abren los ojos y se indignan, cada vez más gente dice “basta” ante la desfachatez de quienes contaminan sin límites.
El Derecho está hecho para defender la justicia, no para reprimir a quienes la exigen. Por eso mismo, resulta intolerable que los tribunales se conviertan en el escenario de una cacería contra activistas y organizaciones que defienden los ecosistemas y los derechos humanos fundamentales. Es nuestro deber denunciar, resistir y romper esos candados legales que pretenden ponernos para amordazar la protesta social.
El futuro no puede ser secuestrado por directivos que solo ven en la Tierra una fuente de recursos para exprimir. Hemos de exigir que se reviertan las políticas permisivas y que, en lugar de persecuciones judiciales a defensores del medio ambiente, existan condenas a los verdaderos responsables de la devastación ecológica. No permitamos que el Derecho se convierta en arma de coacción; hay que recuperarlo como instrumento de emancipación.
Si hay algo que me ha enseñado la lucha ecologista es que, cuando nos unimos, ni las amenazas ni los pleitos ni el acoso mediático logran callarnos. Sigamos apoyando a Greenpeace y a todas las organizaciones que, sin miedo a las represalias, ponen el foco sobre los destructores del planeta. Como sociedad, no podemos tolerar más abusos. ¡No nos van a callar, y tampoco van a detener la ola de indignación que crece día tras día ante su descarada irresponsabilidad climática!
Pablo Aretxabala Pellón
Abogado y Consultor / EUSKOASESORES
Sigue a Pablo en LINKEDIN
